por Claudia Aranda (Periodista de Pressenza, en Chile) ·
Su condición de testigo de una época histórica, caracterizada por la violencia de las dos guerras mundiales durante la primera mitad del siglo XX, motivó que Hannah Arendt (1906-1975) fuera muy consciente de la fragilidad de los derechos y de la vulnerabilidad a la que se ven sometidos permanentemente los ciudadanos.
En Los orígenes del totalitarismo (1951), Hannah Arendt desarrolla una de las ideas más poderosas y perturbadoras del pensamiento político del siglo XX: la noción de que la deshumanización comienza en el momento en que se pierde el «derecho a tener derechos». Esta formulación no es un mero juego de palabras, sino una advertencia radical sobre el colapso de las garantías fundamentales cuando el individuo queda fuera del marco político que las sostiene.[1]
Para Arendt, los derechos humanos, en tanto proclamación universal de la dignidad inherente a todo ser humano, fracasan en la práctica si no hay una comunidad política que los reconozca y los haga exigibles. La figura del apátrida, tan común tras la Primera Guerra Mundial y devastadoramente presente en el siglo XX, encarna esta paradoja: se trata de personas que, al perder su nacionalidad, pierden no solo protección legal, sino la posibilidad de ser considerados sujetos con derechos. Ya no tienen a quién apelar. No pertenecen a ningún lugar. Han sido arrojados fuera del mundo común.
El «derecho a tener derechos» se convierte en el derecho más fundamental: el que garantiza que uno pertenece al mundo humano organizado, que su voz cuenta, que su vida tiene un espacio donde ser reconocida.»
Arendt insiste en que esta pérdida no es sólo administrativa o jurídica: es ontológica y política. El ser humano sin ciudadanía no es ya un ciudadano despojado, sino un «no-sujeto», una presencia muda para el derecho y para la comunidad. De este modo, la deshumanización no comienza con el asesinato o la tortura, sino con la exclusión política total. Es en este sentido que el «derecho a tener derechos» se convierte en el derecho más fundamental: el que garantiza que uno pertenece al mundo humano organizado, que su voz cuenta, que su vida tiene un espacio donde ser reconocida.
En los campos de concentración —nazis o soviéticos— esta desposesión encuentra su expresión más extrema. Allí no sólo se mata; se reduce al ser humano a la pura vida biológica, privada de mundo, de nombre, de historia. Arendt identifica estos espacios como el símbolo más claro del totalitarismo: el lugar donde el individuo ha sido borrado de toda estructura de pertenencia y convertido en residuo.
Esta reflexión, escrita tras la experiencia del Holocausto, adquiere renovada urgencia en el siglo XXI. Las crisis de migración masiva, la proliferación de campos de detención para personas sin papeles, y los regímenes autoritarios que eliminan derechos básicos a opositores o minorías, reactivan la advertencia arendtiana. En el fondo, todos estos fenómenos implican negar a ciertos cuerpos el «derecho a tener derechos». En ese gesto, según Arendt, comienza la barbarie.
Reivindicar su pensamiento hoy implica volver a mirar el concepto de ciudadanía no como un estatus legal cerrado, sino como una apertura ética y política hacia el otro. Significa reconocer que no hay humanidad sin pertenencia, ni dignidad sin comunidad. El gran reto político de nuestro tiempo —como el del suyo— es entonces construir estructuras que no permitan nunca más que alguien quede fuera del mundo común.
Porque allí donde alguien pierde el derecho a tener derechos, todos los demás —aunque no lo sepan todavía— ya han comenzado a perder los suyos.
